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A propósito de la mercantilización de la
educación
Vernor Muñoz
La
interrelación de los derechos humanos nunca
es más evidente que en los procesos
educativos. Por esta razón, el derecho a la
educación es una garantía individual y un
derecho social cuya máxima expresión es la
persona en el ejercicio de su ciudadanía.Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación La educación posee una ontología propia que alimenta todas las manifestaciones de la vida; potencia la diversidad como la mejor metodología y se nutre de la creatividad y del empeño de quien aprende, sea maestro, maestra o estudiante. La educación debe ser el verdadero proceso de Desarrollo, pues propone la construcción del conocimiento y de los quehaceres humanos en la interacción colectiva del aprendizaje. La riqueza de la educación se encuentra, precisamente, en sus fines, que involucran todas las dimensiones vitales en lo que concierne a la dignidad de las personas, las culturas y los pueblos, y que han sido retomados por los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Aún así, el tránsito de la educación hacia los derechos humanos debe enfrentar el duro embate de las fuerzas refractarias que siguen considerando a la educación como un instrumento disciplinador del mercado y, consecuentemente, como un tipo de servicio (no un derecho) que responde con preponderancia a los intereses de la economía, antes que a las necesidades de las personas. La imposición estructural, centralista y unidireccional del patriarcado, conecta con una organización económica que niega los recursos financieros requeridos para la plena realización del derecho a la educación y se inscribe en un modelo de desarrollo global con el que se pretende reducir los fenómenos sociales y culturales, a cuestiones de eficiencia mercantil. No resulta extraño entonces que la educación sea vista por algunos como un instrumento reproductor de los mecanismos de acumulación, concentrado en la tarea de propagar, con un pretendido carácter neutral y aséptico, los fines que el crecimiento económico requiere. Por estas razones, muchas veces se habla del financiamiento de la educación en términos del “menor costo para la mayor ganancia”, cual vil negociación que busca nuevamente comprar el oro a cambio de cuentas de cristal; por eso también la instalación de los servicios educativos sigue siendo objeto de empréstitos apetecidos por los organismos financieros internacionales, que pese a mantener un discurso que reconoce los valores de la educación, tampoco accede a liberar a los países pobres de una deuda externa injusta e impagable. Los y las activistas de los derechos humanos hemos criticado desde hace mucho tiempo la pretendida neutralidad de la educación, con la cual se escuda la generación de valores negativos, especialmente aglutinados en la idea de poner a la educación a la orden de los empleadores. Una educación neutra o al servicio de otras necesidades que no sea la dignificación de las personas, no puede desarrollar personalidades respetuosas de los derechos humanos, porque esa neutralidad es potencial y actualmente convalidadora de desigualdades. El tema del financiamiento de la educación es una cuestión de igualdad, equidad y de justicia, no necesariamente de recursos, que existen pero están mal distribuidos. La desconexión entre propósitos y acciones en la educación opera en el marco de desigualdades y asimetrías estructurales, en el que también se promueve la falsa idea de que el desarrollo macroeconómico es el objetivo principal de la educación, usualmente considerada como un gasto y no como un derecho humano. Es cierto que todos esperamos repercusiones económicas de la educación y de la alfabetización, pero otra cosa es creer que esas repercusiones son su fin primordial. Es por estas razones que muchas de las discusiones y demandas en torno a la necesidad de invertir en la educación, reducen los derechos de las niñas y las adolescentes a componentes borrosos de los factores macroeconómicos, como cuando se dice que una de las metas centrales de la escolarización femenina es la posibilidad de incrementar el crecimiento per cápita. El crecimiento económico no siempre lleva al desarrollo humano. Por consiguiente, es inapropiado proponer la realización del derecho a la educación como un condicionante de la eficiencia productiva o mercantil, puesto que el ingreso per cápita tampoco tiene una relación evidente con la equidad social, especialmente en las economías periféricas. Esa perspectiva utilitarista lesiona la dignidad de las personas y distrae los propósitos esenciales de la educación; por ello ha fracasado como estrategia para elevar la conciencia en los gobiernos y en los organismos financieros. Además, el derecho humano a la educación no puede ser relegado ni sometido a condición de que otros derechos o situaciones se cumplan. Es obviamente cierto que los sistemas educativos deben cambiar sus fines y estrategias si no responden a la construcción de ciudadanías solidarias e igualitarias, pero también es cierto que muchos de los grandes problemas de la educación no se encuentran en los sistemas escolares, sino en el entorno socio económico abiertamente discriminatorio. Las inversiones en la educación de las niñas, especialmente las que tienen como fin mejorar su cobertura y calidad, tienen un beneficio social demostrado en la reducción de las tasas de mortalidad y de nacimientos no deseados, en la lucha contra la pobreza, el VIH/SIDA y la desnutrición. Estos efectos positivos, entonces deberían llevar a fortalecer la integración de los derechos humanos en las acciones y políticas del Banco Mundial y de los Estados, antes que a reducir las prioridades de las niñas y las mujeres a una cuestión instrumental. La implementación de la educación primaria gratuita y obligatoria no sólo está obstaculizada por la existencia de tarifas y otros condicionantes financieros, sino además por la exclusión que afecta especialmente a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Los mecanismos mediante los cuales se eliminan o mantienen las tarifas escolares no pueden considerarse aisladamente de las trabas del patriarcado y de las estructuras de deprivación social que son las principales responsables de mantener lejos de la escuela a los niños y las niñas. La sombra que arroja la cuantificación económica y su desesperada urgencia para que todos los procesos sean regidos por los términos de costos y ganancias, hace que las instituciones estatales inevitablemente se vean afectadas por los determinantes financieros. Sin duda, las políticas económicas internacionales indiferentes a las necesidades sociales y la imposición de un modelo político y socio-económico único, basado rígidamente en el liberalismo económico, tienen gran impacto y requieren el creciente reconocimiento de la necesidad de desarrollar modelos más flexibles y sensibles a la realización de los derechos humanos. El proceso deseado es ofrecer inversiones a la educación no sólo para facilitar el desarrollo económico, sino también y sobre todo para la construcción de valores y conocimientos que tengan como fin desarrollar la dignidad humana y ciudadanías comprometidas con todos los derechos de todas las personas.
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