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Pobreza,
Educación y Trabajo
La pobreza y la
exclusión constituyen dimensiones estructurales de muy
difícil reversión para vastos sectores de la población de
países de África, Asia y América Latina, y algunos grupos de
países desarrollados. La situación social y económica de
estas regiones es crecientemente dual, ya que coexisten
sectores concentrados de alto nivel de vida con
distribución desigual de ocupaciones e ingresos, que margina
en la pobreza y hasta en la indigencia a masas de hombres y
mujeres de sectores populares(*).Graciela C. Riquelme CONICET-UBA - Argentina Asistimos en nuestras sociedades y somos parte de un doble discurso y una dualización contradictoria donde a la vez que reconocemos la pobreza y la exclusión somos parte de procesos acelerados de desarrollo científico y tecnológico. Por ello en estas reflexiones que presento al Seminario Virtual del ICAE pretendo resaltar el carácter de estas contradicciones, develarlas para que estén siempre como contexto de interpretación en el planteo de las exigencias y demandas a los gobiernos, a los organismos internacionales y a todas las instancias en que se jueguen las asignaciones y tomas de decisiones a favor de los sectores de excluidos. El mundo reconoce y asiste a procesos de alta aceleración del desarrollo científico y productivo, a una nueva división de la economía y el trabajo entre países, a una generalizada modernización y globalización. Pero como contracara, aumenta la polarización de la distribución de la riqueza, con concentración de beneficios en unos pocos, una gran desigualdad entre grupos sociales y la persistencia de políticas tradicionales que no logran atender las situaciones diferenciales y particulares de poblaciones indígenas, minorías étnicas, poblaciones indigentes y excluidas de la sociedad. En este contexto las demandas para la educación para todos (EPT) coexisten con demandas de excelencia para la formación de recursos humanos derivadas de las políticas industriales, de desarrollo agropecuario, de los avances del desarrollo científico y tecnológico. La política educativa se debate entre las presiones para ampliar las ofertas de niveles y alternativas de excelencia para la educación secundaria, superior y de postgrado flexibles y articuladas en la esfera internacional, que sin duda entran en pugna distributiva con las asignaciones para la educación de la población excluida de estos circuitos de elites o para los más beneficiados de nuestras sociedades (entre los que estamos nosotros mismos). Junto a estas acciones de la política educativa, existen políticas laborales orientadas a acompañar los procesos de desarrollo económico y social, a través de acciones de empleo y formación para los trabajadores beneficiados del empleo estructurado, o para desempleados de esos mercados por vía de seguros de empelo y de formación; todas estos programas cubren una franja restringida de la población. En las últimas décadas se han iniciado intervenciones de certificación de competencias y saberes de los trabajadores por medio de instancias de los ministerios y sindicatos, orientadas a reconocer aprendizajes de adultos por fuera de las instancias escolarizadas. Para los objetivos del Seminario ICAE Confintea que apuntan a discutir las áreas de intervención para el advocacy definidas por el ICAE como prioritarias hacia CONFINTEA VI: Alfabetización; Migración y Educación de Personas Adultas; Pobreza, Educación y Trabajo; Políticas, Legislación y Finanzas para la Educación de Personas Adultas, toda ellas transversal izadas por género, resulta muy importante reconocer la dualidad de nuestras sociedades y de las políticas de los estados. Nuestras regiones y países encaran políticas diferenciales a favor de ciertos sectores, que implican mayores beneficios para unos sobre otros. Es decir existen por los menos dos políticas: - unas políticas para el desarrollo económico, la ciencia y la tecnología, la educación y el trabajo de los sectores dinámicos de la sociedad, - otras políticas de desarrollo social para los excluidos o marginados de la sociedad. Entre estas últimas están las orientadas a los adultos y a la EPT. Sin duda esta fragmentación de la sociedad es profundamente desigual, y está en el centro de las causas de los problemas de la cuestión distributiva y de las asignaciones de los recursos. Por ello mis reflexiones apuntan a que los lideres de ICAE y los egresados de cursos de advocacy - IALLA- deben tener en claro las contradicciones que estas dos esferas de políticas implican en el diseño y financiamiento de las políticas para los adultos y la EPT. Deberíamos desarrollar estrategias más activas de empoderamiento para la generación de demandas activas que presionen un real “derrame de recursos” para expandir políticas de integración y promoción de la población excluida. Esto sólo se logrará con conciencia de los sectores de poder en la responsabilidad de poner en marcha políticas activas de generación de empleo y alternativas que brinden mejores condiciones de vida para la población (salud, vivienda y educación). En esto se juega la elevación de la calidad de vida de la población y la superación de la pobreza. A continuación desarrollo tres cuestiones como aportes para la reflexión: la primera gira en torno a cuestiones del sistema educativo y la educación de adultos; la segunda sobre la articulación de las políticas y finalmente señalar la preocupación sobre los sistemas de certificación de saberes y competencias. 1- Acerca de la educación de adultos en los sistemas educativos a) Revisión de la noción de alfabetización y alfabetización funcional para ser incluida en una noción amplia de educación para toda la vida (LLL) Es necesario promover una mayor concientización de grupos nacionales para la revisión de visiones restrictivas de la alfabetización y también de educación de adultos: - Revisión crítica de la “educación para todos” en tanto sólo incluye a la educación básica. - Se requiere plantear la noción de “educación inicial” (ver Belanger) como la que da base a la educación para toda la vida (LLL). La educación inicial comprende bajo este planteo la preprimaria, primaria, secundaria y superior o universitaria. - Promover el reconocimiento de la educación para toda la vida como educación inicial más formación general, científico tecnológico y/o educación politécnica bajo una perspectiva amplia comprensiva que posibilite el acceso y desarrollo en el mundo del trabajo (con entradas y salida a lo largo del ciclo laboral). b) Fortalecimiento de la perspectiva de la educación popular - Debe considerarse a la educación pública y la educación popular de los adultos trabajadores como una demanda social, como necesidad colectiva y reivindicación social. - La educación popular debe ser concebida como un paradigma orientador de las acciones educativas en relación a una política para la educación a lo largo de toda la vida. - Esta perspectiva se dirige a la puesta en acto de una educación emancipadora, desde una profunda intencionalidad política, que parte de una visión de la sociedad de los países en desarrollo (América Latina, África y de Asia) injusta y discriminatoria y que determina su opción de trabajo junto a los grupos o clases sociales excluidos de la esfera de las decisiones sociales, con el objetivo de intervenir en su organización y capacidad de participación social c) Fortalecimiento de la pedagogía de la participación. Esto implica considerar al papel del Estado y la participación social en las decisiones de la política educacional: - Considerar a la educación a lo largo de toda la vida como una necesidad y un derecho de todas las personas y grupos sociales, se torna un derecho social del cual el Estado debe ser garante y responsable. - El papel del Estado como garante no puede ser reemplazado por las acciones educativas de la sociedad civil. Quebrar la situación de pobreza educativa, democratizar la educación, asegurar una educación de calidad para toda la población a lo largo de toda la vida sólo es posible a través de un fortalecido rol del Estado. - Este rol del Estado no implica la imposición verticalista de una transformación. Una construcción colectiva y democrática de una política educativa supone tener como eje la participación del docente y de toda la comunidad educativa. - Es necesario construir una Pedagogía de la Participación que genere instancias de construcción colectiva y de aprendizaje de la participación real en la educación para toda la comunidad educativa. d) Desafíos para la educación y formación para el trabajo Los desafíos para la educación que planteo como claves en un proceso de recuperación de la estructura del sistema educativo en función de atender necesidades educativas de los adultos debería situarse alrededor de: - La orientación de la educación y formación para el trabajo deber revisarse para concretar las urgentes exigencias de una mayor calidad en la apropiación de saberes socialmente necesarios. Ello implica diseñar y establecer actividades que garanticen espacios de aprendizaje con más horas de clase, horas de recuperación, espacios compensatorios y complementarios, departamentos de asignaturas o talleres de trabajo intensivo de aprendizajes. - La formación de profesores de la educación técnica y secundaria es la base o fundamento de cualquier transformación. En tal sentido debería encararse programas de actualización formativa renovados, que superan las actividades de capacitación docentes de la década del noventa. Deben ser “programas a medida” que impliquen compromisos de logro o resultados por cada docente. Entre algunas de estas actividades podrían mencionarse pasantías rotativas. - Los programas de educación y formación para el trabajo deben también priorizar la calidad de los saberes, evitando impulsar actividades y cursos específicos focales que no tengan un sólido fundamento de conocimientos. Un tema clave es la racionalización de los recursos disponibles en programas que se superponen desde ámbitos del sector público educativo, laboral y de desarrollo social. - Deben esbozarse líneas de intervención y gestión de los saberes de los trabajadores, pues la relación educación y mercado de trabajo compromete a la población, sujeto activo o pasivo de demandas de educación y formación, el estado y las políticas sociales, educativas, laborales, el sector privado oferente de educación y formación, el sector empresario, empleados de recursos humanos, los sindicatos organizados representativos de ciertos grupos de trabajadores, los movimientos sociales emergentes derivados de la crítica situación sociales y la sociedad civil. 2- Articulación de las políticas de educación de adultos y de EPT con las restantes políticas de estado. Un problema que debería incluirse en el debate acerca de los recurso de la EDA en el conjunto de las prioridades de educación latinoamericanos, asiáticos y africanos, como derecho a la educación de todas y todos, es la evaluación de los recursos que se aplican desde otras esfera de la política pública y que se orientan a jóvenes y adultos, para poder recuperar fuentes de finacianciamiento para la alfabetización y la recuperación de la población de menor educación, en situaciones de pobreza y exclusión. Para ello se necesita hacer: - presión sobre los ámbitos de gobierno de la educación para jerarquizar este nivel mundialmente dejado de lado y excluido a través de procesos activos de articulación de áreas del estado: - programas de formación y empleo; - programas de desarrollo social; - programas de micro emprendimientos, economía, inclusión; - programas para desocupados; - otros. En estos programas ejecutados desde ministerios de trabajo, desarrollo social o comunitario o juventud, se destinan muchos recursos que a través de gerenciamientos adecuados y coordinados deberían fortalecer y ampliar las acciones de las instituciones educativas de adultos, y programas. La idea es buscar una mayor racionalidad en el gasto social en la política educativa, social y para el trabajo que fortalezca la atención del derecho a la educación entendido como una “deuda social con la población” de nuestros países La integralidad de las políticas orientadas a la implementación de una educación permanente para la población supone reconocer la ampliación de las garantías para: - el acceso - permanencia en los niveles - calidad y significación de los saberes obtenidos - recuperación educativa de los excluidos. El diseño de políticas integradas debería postularse desde el nivel nacional a través de los genuinos esfuerzos “intersectoriales” y de “coordinación de intereses” entre los múltiples programas y proyectos que tienen semejantes poblaciones a atender. 3- Los saberes en jaque por los procesos de certificación de competencias. En el contexto crítico de las situaciones socio-económicas de los países en desarrollo y en las de marginalidad de amplios contingentes de población excluida y pobres de países de África, Asia y América corresponde alertar sobre dificultades de los jóvenes y adultos para apropiarse de saberes socialmente necesarios o productivos en el contexto de sistemas educativos y de formación que han sido fragmentados y resquebrajados por las reformas de las últimas décadas. En los países centrales comenzaron a desarrollarse instancias de certificación de las competencias de los trabajadores, como mecanismos de acceso y seguimiento de carrera de los adultos trabajadores. Estos sistemas y modelos se han extendido producto de las prácticas globalizadas de las organizaciones productivas para facilitar el tránsito de trabajadores entre las firmas. A la par y por vía de los organismos internacionales se han empezado a transferir estos modelos a países con deudas sociales en educación previas, lo que implica una yuxtaposición de sistemas, cuando aún restan prioridades por resolver. En los ámbitos de los ministerios de trabajo se han instaurado estas prácticas, que absorben recurso, y distraen de la EPT y de la educación de adultos, al jerarquizar reconocimientos de logros formativos por fuera de la educación. Si sólo se presta atención a las certificaciones concretas y de puesta en valor, se descuida el contexto de construcción de los saberes necesarios para los procesos de trabajo y sobre todo el desarrollo formativo de los individuos en un proyecto de vida. El cuadro que sigue simplifica la situación pero permite poner en evidencia las dimensiones en juego. En el seminario de ICAE es importante que se reconozcan estas situaciones que distraen esfuerzos de las políticas educativas, y recursos en mediciones individuales de logros. En la práctica estas acciones de certificación, en cuanto a las funciones de formación, evaluación y certificación, son delegadas a un conjunto de instituciones públicas y privadas acreditadas para ello. Al respecto algunos estudios alertan sobre los riesgos del mercado de certificaciones resultante pues conduce a prácticas comerciales que algunas veces involucran a estados y servicios públicos. Ello podría reforzar la dispersión que predomina en muchos países dada a la multiplicación de ofertas de educación y formación para el trabajo de diferente calidad y escasa coordinación. La resolución de estas situaciones no puede dejarse al libre juego de la oferta y la demanda y requiere la regulación del Estado en sus diversos niveles de intervención. El Estado debe lograr definir políticas de superación de la exclusión social, la ampliación del empleo en el marco de un desarrollo sostenido del crecimiento productivo y la expansión de la ciencia y la tecnología. Se requerirá de: la expansión de la educación secundaria y técnica del mayor nivel; el diseño de programas de educación y formación para el trabajo acordes a la expansión productiva programas de recuperación educativa de jóvenes y adultos trabajadores, coordinadas con la EDA y la EPA. Se trata de políticas prioritarias que deben anteponerse a la certificación de competencias. Si se pretende superar procesos de exclusión y diferenciación social y educativa de los trabajadores, deberían promoverse los avances de instancias de reconocimiento de saberes. Se requiere aún recrear un crecimiento sostenido y regulado por un Estado que intervenga en la mediación de los procesos sociales, única garantía para encaminar la superación de la pobreza y la exclusión. (*)En estos días el aumento de los costos de los bienes primarios está provocando una gran inflación en los precios de la cadena alimentaria, que sin duda incidirá en el aumento de la marginación y exclusión, con la consecuencia sobre el hambre de la población, y el no respeto del derecho alimentario. CUADRO 4
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