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Contribución al seminario virtual del ICAE sobre las migraciones: Mujeres, Migración y Educación Fanny Gómez REPEM Colombia En 2005, se estimaba que había 191 millones de migrantes en el mundo, (176 millones en el año 2000), entre ellos 13 millones de refugiados de los cuales la mitad eran mujeres. Del total de población migrante las mujeres representaban el 49,6 %. A fines del 2007, las mujeres constituyen la mitad de la población mundial migrante. No obstante, todavía se tiende a tomar a los hombres como la “norma” en las disposiciones legales sobre migración, ignorando necesidades, aspiraciones y capacidad para actuar de manera independiente de las mujeres. A pesar de su aporte a la reducción de la pobreza y al desarrollo socioeconómico de sus países de origen, muy recientemente NU, gobiernos, agencias de cooperación al desarrollo y ONG interesadas en la problemática, se percatan de la significación del papel de las mujeres migrantes y de los riesgos particulares que enfrentan; de la necesidad de reconocimiento explícito de sus necesidades y de la urgencia de lograr que normas que busquen una migración más ordenada y humana, tengan como requisito básico la igualdad entre hombres y mujeres. Entre los aportes de las mujeres migrantes es importante destacar, pese a la escasez de datos, el papel que juega el envío de “remesas financieras” (que elevan la calidad de vida de sus familias y comunidades) y de las “remesas sociales” (constituidas por sus conocimientos teóricos y prácticos, por nuevas actitudes que promueven el desarrollo social, la vigencia de los derechos humanos, la autonomía económica y el empoderamiento personal, y en general por ideas que impulsan cambios sobre roles tradicionales de hombres y mujeres). La migración de las mujeres tiene sus luces y sombras: por un lado, para algunas la migración abre puertas a sociedades más iguales y con menor opresión y discriminación; por otro para muchas, puede entrañar costos, como las formas de esclavitud contemporánea que padecen las víctimas de trata o las trabajadoras domésticas. Ellas figuran entre las personas más vulnerables a la conculcación de sus derechos humanos, por su múltiple condición de migrante, mujer, pobre, y con frecuencia de raza negra o indígena. Sumado a lo planteado, su situación de discriminación y violación de derechos se agrava, cuando son ellas las que acceden con mayor facilidad a trabajos difíciles, denigrantes ó desprotegidos como empleos estacionales en agricultura, trabajo sexual, trabajo doméstico y en general a la vasta gama de trabajos de servicios (camareras de hoteles, recepcionistas, aseadoras...) y “cuidado” de enfermos, ancianos y menores, que las mujeres de los países desarrollados abandonan por su ingreso al mercado laboral. Esta discriminación se profundiza en países donde la legislación laboral excluye sectores de la economía en los que predominan mujeres migrantes, como el servicio doméstico y la industria del entretenimiento sexual. Cuando las migrantes proceden de países en cuya cultura está muy arraigada la discriminación de género, y sobre todo cuando se trata de migración ilegal, las mujeres corren muchos riesgos, ya sea en el país de origen cayendo en manos de contrabandistas o tramitadores de papeles (coacción para ofrecer favores sexuales, endeudamiento excesivo) o en el país de destino, (relaciones sexuales con autoridades de fronteras a cambio de protección o permisos). Generalmente son mujeres con desventajas educativas en cuanto al acceso a información y conocimientos sobre beneficios y desventajas de la migración, medidas para migrar legalmente y en condiciones de seguridad, políticas de migración, derechos de personas migrantes… Las consideraciones anteriores, solo se refieren a mujeres migrantes por razones económicas; hay que tener en cuenta también la migración por reunificación familiar, por matrimonio y con más cuidado a la hora de considerar conculcación derechos, a las mujeres cuya migración es forzada por conflictos políticos y/o armados en sus países. Las migrantes por reunificación familiar, generalmente lo hacen en condición de “familiar a cargo”, lo que ya marca una situación de dependencia con acceso limitado a servicios sociales como salud, educación; y a trabajo ilegal, lo que en el caso de mujeres capacitadas supone un desperdicio de su calificación y competencias. Si su relación de pareja termina, puede encontrarse amenazada por deportación y/o pérdida de la patria potestad. Las mujeres que migran para casarse, ya sea por matrimonios concertados o forzados, o novias tramitadas por Internet, (con alta demanda en Asia y Rusia) frecuentemente se convierten en víctimas porque con frecuencia las empresas que las contratan disfrazan negocios de trata de personas o de industria del sexo. Aun cuando los desplazamientos forzados entrañan riesgos para cualquier persona, mujeres y niñas los enfrentan de manera particular en la huida, en los albergues o en los asentamientos definitivos, donde la situación económica es tan penosa que mujeres jefas de hogar, truecan relaciones sexuales a cambio de alimentos para sus familias, o donde el acoso sexual es razón por la cual las mujeres evitan usar duchas y retretes por temor a ser violadas. Adolescentes y mujeres jóvenes corren mayores riesgos en zonas donde grupos armados las reclutan como cocineras, lavanderas o esclavas sexuales. Una condición que afecta en general a las poblaciones migrantes es la incapacidad de expresarse en el idioma del país receptor, agudizada por el hecho de que cuando los migrantes llegan generalmente se asientan en comunidades donde hay compatriotas que los ayudan a adaptar, así como a encontrar vivienda y trabajo. Estos enclaves étnicos de migrantes no facilitan la comunicación en la lengua del pais de destino, refuerzan la exclusión e impiden los procesos de integración a la nueva cultura
¿Cómo ampliar la contribución de la migración internacional al desarrollo de los países y mitigar al mismo tiempo los riesgos para las personas migrantes? Respuestas a estas problemáticas pueden darla programas de educación de personas adultas que promuevan la migración legal, que den a conocer normas migratorias, así como programas y campañas que valoren la diversidad cultural y apoyen la eficaz integración de los migrantes a la sociedad receptora. Si bien la migración, legal, ilegal y/o forzada, vulnera y limita los derechos de las mujeres migrantes, es necesaria la búsqueda de oportunidades en este contexto. Para esto es indispensable la asimilación e integración de las migrantes a los países receptores por medio de una formación intercultural, que de cuenta de sus necesidades específicas y de sus múltiples condiciones (raciales, generacionales, religiosas, etc.). En este sentido, es importante hacer sensible también a la población receptora sobre las necesidades personales, sociales y laborales de las mujeres migrantes, como estrategia de inclusión y protección. La educación es aquí una herramienta útil y debe contar con elementos de interculturalidad, y atención a la diversidad tanto de la población receptora (estudiantes, empresarios, funcionarios, empleados de migración, etc.) como de las mujeres que se ven sumergidas en un país que no es el suyo. “El multiculturalismo además de reconocer sistemas de valores y prácticas culturales diferentes en el seno de una sociedad, implica constituir un compromiso compartido con valores básicos y no sujetos a negociación. Como el Estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombre, la diversidad y la tolerancia”. La integración y la tolerancia hacen parte de un proceso bidireccional que requiere adaptación de parte y parte. Los migrantes, hombre y mujeres son ante todo seres humanos sea cual fuere su situación, regular o irregular, que al igual que la población que los acoge tiene aspiraciones y sueñan con una vida mejor.
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